Fotografía: Andrés Gómez

En el marco de la audiencia pública desarrollada desde la Cámara de Representantes por la congresista, María José Pizarro, sobre derechos sexuales y reproductivos en Colombia, se hizo un balance sobre la implementación de la sentencia que permitió despenalizar el aborto bajo tres causales y se argumentó la necesidad de despenalizar el aborto.

Además, se puso de presente los obstáculos existentes para acceder a los derechos sexuales y reproductivos y la existencia de la violencia obstétrica en el país, la necesidad de humanizar los procedimientos gineco obstétricos y se anunció la radicación el 20 de julio del proyecto de ley que busca salvaguardar la partería indígena. 

Han pasado 46 años desde que Francia legalizó el aborto, y hace menos de un año, países como Argentina, Australia, Corea del Sur y Tailandia se sumaron a la lista de los más de 60 países en los que ya es legal esta práctica. En Colombia, desde 1973 a 2016 se han presentado 15 proyectos de ley ante el Congreso de la República que tiene esta finalidad, sin embargo, todos se han archivado dado que el Congreso se ha caracterizado por ser muy conservador y los partidos mayoritarios siempre se han opuesto, impidiendo que estas iniciativas se conviertan en ley.

La Corte Constitucional ha sido quien ha liderado la discusión como garante de los derechos fundamentales de las mujeres. Hace quince años, por medio de una histórica Sentencia, se permitió que las mujeres pudieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales específicas: la primera, cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; la segunda, cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y la tercera, en caso de violación, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Actualmente la Corte está pendiente de tomar una decisión, la cual se espera sea de fondo, frente a la demanda que presento el movimiento Causa Justa con el objeto de eliminar el delito de aborto del Código Penal. 

«Si bien las tres causales fueron un avance histórico, estas siguen siendo insuficientes debido a que generan barreras de acceso a este derecho, existe criminalización del aborto, negación al acceso seguro, oportuno y digno a un servicio de salud esencial, que además perjudica en mayor medida a las mujeres en situación de vulnerabilidad».

María José Pizarro

Según María Isabel Niño, abogada integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la ilegalidad del aborto sigue siendo la regla, en su intervención citó cifras que demuestran cómo la despenalización del aborto bajo el modelo de causales no ha implicado una reducción de la persecución del delito, sino por el contrario, ha registrado un aumento en la judicialización de las mujeres: “Según cifras del Instituto Guttmacher, para el año 2011 menos del 1% de los abortos en Colombia fueron legales (…) cifras de la Fiscalía General de la Nación, revelan que entre el 2006 y el 2019 se identificaron más de 5 mil procesos de mujeres criminalizadas por el delito de aborto, anualmente el promedio de casos se ubica en alrededor de 400”.

Después de 15 años no se ha garantizado plenamente el derecho de aborto en el marco de la Sentencia, el hecho de que sea un derecho y al tiempo un delito afecta el grado de libertad de las mujeres sobre su cuerpo e impide la materialización del marco legal que actualmente lo regula. 

Parto humanizado en Colombia 

Durante la audiencia se puso de presente también la existencia y recurrencia de la violencia obstétrica en Colombia, procedimientos agresivos e invasivos en los cuerpos de las mujeres, que van desde tratos irrespetuosos y ofensivos durante el parto en centros de salud, hasta la realización de procedimientos que ponen en peligro los derechos a la vida, la salud y la integridad física tanto de la madre como del bebé que está en camino; los cuales pasan por la hiper medicalización y la sobre utilización e imposición de las tecnologías. 

Ramiro Romero, partera y médico tradicional del Pueblo Muisca y  director General de la Fundación Mujeres Bachué, manifestó que en el país hay un vacío legal y académico al respecto e indicó que la violencia obstétrica se ve más agudizada en los grupos étnicos, dado que no se entiende el enfoque diferencial y propuso: “No estamos en contra de la práctica médica como parteras tradicionales sino del abuso y la instrumentación de la práctica médica, la partería podría llenar este vacío legal y académico en el país. 

Las invitadas e invitados coincidieron en la necesidad de humanizar los partos, y la importancia de reforzar la educación sexual y reproductiva para tomar decisiones informadas sobre los cuerpos de las mujeres a la hora de atender un parto. En ese sentido la Representante Pizarro anunció la presentación de un proyecto de ley encaminado a este propósito: “esperamos este 20 de julio radicar en compañía de las comunidades indígenas, un proyecto que salvaguarde la partería indígena también”.

Acceso y barreras a los derechos sexuales y reproductivos en Colombia

En contexto de crisis como la actual pandemia, los derechos sexuales y reproductivos deben tener una máxima prioridad, no solamente porque permiten proteger la vida y cuidar la salud de los habitantes en Colombia, sino que tienen un impacto directo sobre los indicadores de salud pública como lo son la morbilidad y la mortalidad materna, las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y el embarazo adolescente, y también contribuye a que se pueda vivir en una vida libre de violencias de género y sexual, así lo manifestó Diana Carolina Moreno, abogada javeriana y directora de incidencia en Profamilia, quien entregó además cifras de una encuesta hecha por esta institución para estudiar las medidas gubernamentales contra el Covid.

Estas cifras evidencian el impacto que ha tenido la pandemia sobre la salud sexual y reproductiva, en donde las afectaciones son más significativas entre las mujeres, la población más joven y las que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Uno de los datos da cuenta que del total de los encuestados, el 39% requería servicios de salud sexual y reproductiva, y de este porcentaje, el 53,3% no recibió los servicios que necesitaba. 

Al cierre del panel se hizo hincapié en la necesidad de crear y diseñar una normatividad basada en derechos sexuales y reproductivos, así como en la urgencia de incrementar el presupuesto en el sector salud y educativo para que se empiece a enseñar de manera mucho más integral y eficiente sobre estos derechos desde la educación preescolar, básica y media. 

En la audiencia participaron 16 representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, organizaciones y movimientos de mujeres: William Velandia, Presidente de Fecode; Diana Carolina Moreno, directora de incidencia en Profamilia; Jennyfer Paola Florez Holguín, feminista, enfermera e integrante del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia; Pablo Rodríguez coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud; Ramiro Romero, partera y médico tradicional del Pueblo Muisca, director General de la Fundación Mujeres Bachué; Liceth Quiñones, partera tradicional, directora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (ASOPARUPA); Elisa Jojoa, partera tradicional en formación, coordinadora de la Red Colombiana Parir en Paz; Carolina Moreno, abogada, doula y terapeuta holística e integrante del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y reproductiva en Colombia; Susana Bueno Lindo, médica ginecóloga y obstetra experta en el enfoque holístico de la salud de la mujer; Laura Gil, Ginecóloga, directora del grupo médico por el Derecho a Decidir; Florence Thomas, psicóloga, coordinadora del grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia; Aura Cuasapud Arteaga,abogada integrante del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir; María Mercedes Vivas, médica, directora ejecutiva de la Fundación Oriéntame; Catalina Martínez, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; María Isabel Niño, abogada integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres; Martina Cocco, psicóloga, magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional, integrante de las Parceras.