La representante a la Cámara María José Pizarro pidió este martes desde la Comisión Sexta de la Cámara que el Gobierno del Presidente Iván Duque se la juegue con un mayor presupuesto para la educación superior y supere el atraso histórico que el sector afronta desde los años 90s.

“Todos los estudios y muchos expertos, incluido el Dr. Rodolfo Llinás, coinciden que el mayor problema que afronta la educación en Colombia es que el Estado no pone suficiente dinero en el sector, no se invierte en educación. Si realmente Duque quiere avanzar en disminuir la equidad y la pobreza, tiene que priorizar la educación de la mano de la política social”, señaló la congresista.

En las cuentas de hoy, de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE), las 32 universidades públicas tienen un déficit de casi 500 millones (434.874) y su desfinanciamiento está alrededor de $19 billones para entrar en la competencia que exige el mundo contemporáneo en términos de calidad, cobertura, pertinencia e impacto social.

De acuerdo con Pizarro, la universidad pública ha tenido que cubrir con recursos propios casi la mitad de sus actividades, sin descontar que muchas tienen también déficit en infraestructura física, tecnológica, científica, de planta de personal y de formación y promoción de docentes y de movilidad académica, entre otras; mientras el presupuesto se invirtió en el Programa Ser Pilo Paga (SPP), que benefició mayoritariamente a las universidades privadas.

“El 90% de los recursos de SPP ($ 3,5 billones entre 2015 y 2018) fue a parar a las universidades privadas beneficiando a 40 mil estudiantes, cuando con $ 2 billones se habría atendido unos 305 mil estudiantes nuevos en universidades públicas”, dijo la congresista.

Pizarro aseguró que es urgente que el Gobierno Duque se centre en la tarea de implementar una Política de Estado sobre educación superior en Colombia que consolide un mecanismo de financiación estructural y estable para la educación superior pública. “Es clave reformar de manera participativa (estudiantes, gobierno, sectores, organizaciones, maestros, entre otros) la Ley 30 de 1993”.

Asimismo, la congresista pidió que se retiren los proyectos que sobre educación superior se encuentran en trámite en el Congreso (Proyecto 022 de 2018 y el Proyecto 141 de 2018) y que están dirigidos a ampliar e institucionalizar el SPP que ya está demostrado, no aporta con suficiencia al problema nodal de la educación superior.

Finalmente Pizarro pidió a la Ministra de Educación que los estudiantes que se encuentran actualmente vinculados a SPP, cuenten con todas las garantías para terminar sus estudios; al tiempo que demandó mayor veeduría de los entes de control a la manera como se administran los recursos en las universidades públicas, particularmente el caso de la Surcolombiana de Neiva (Huila) que viene siendo cuestionada duramente por la comunidad académica y vinculada a casos de corrupción.