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Publicado en Cuarto de hora

La concentración de la inversión extranjera en el sector minero-petrolero arruina la economía nacional. La política extractivista e importadora de estos últimos 20 años ha quebrado la producción nacional y empobrecido a los hogares colombianos. Esto se agudiza hoy con la crisis pandémica.

La apertura económica en Colombia desde los años 90 ha permitido una gran expansión de los flujos de inversión extranjera directa (IED), que son capitales provenientes del exterior y que en nuestro país se han dirigido principalmente hacia el sector minero-petrolero. La concentración de la IED en ese sector refleja una política rentista antinacional de los últimos gobiernos, que se ha enfocado en la acumulación de divisas para beneficio de dirigentes corrompidos, y que tiene como corolario la destrucción de nuestros territorios y nuestras comunidades. Agua, bosques y vida por un puñado de dólares.

Entre 2002 y 2014, el alza del precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales impulsó el aumento de los flujos de IED en el sector minero-petrolero en Colombia. Esto significó un aumento de la cantidad de divisas que ingresaban al país, lo que provocó un incremento de la demanda de pesos colombianos y su valoración frente al dólar. El lazo estrecho del valor de la moneda colombiana con el precio internacional del crudo, provoca una fluctuación volátil del peso y un debilitamiento de la economía nacional ante los mercados mundiales. Para ilustrarlo, recordemos el recorte de 6 billones del presupuesto general de la nación por el Gobierno Santos en febrero de 2016, a causa del desplome de los precios del petróleo.

Esa demanda de moneda nacional valorizó al alza el peso colombiano y estimuló la importación de productos extranjeros abaratados. Eso, sumado a la firma de una serie de tratados de libre comercio con potencias exportadoras como EE.UU. y la Unión Europea, creó un fenómeno de sustitución de la producción nacional por importaciones, que aceleró la caída de la producción en el país con consecuencias desastrosas para los productores. Por tanto, las políticas extractivistas e importadoras de los años 2000 en adelante dieron como resultado el empobrecimiento de los productores colombianos, tanto campesinos como manufactureros.

De 2015 en adelante, por causa del derrumbe del precio del petróleo, este modelo de economía dependiente agotó sus rendimientos y entró en crisis. Este agotamiento se ha agudizado con la desaceleración de la economía mundial causada por la crisis pandémica. Se redujo la demanda mundial del crudo, la caída de sus precios, y por ende la IED en Colombia. Según datos del Banco de la República, la IED en el sector minero-energético se contrajo el 36,7% en el primer semestre del año 2020 con respecto al primer semestre del año anterior. Como por efecto erosivo, la depreciación del peso colombiano atada a la fluctuación del valor del petróleo se profundizó, pasando de 3.200 pesos por dólar a más de 4.000 pesos por dólar en marzo de este año. Esa depreciación se tradujo en un incremento sustancial del precio de las importaciones. Es de señalar que, tras más de 15 años de destrucción del tejido productivo nacional, Colombia no tiene cómo sustituir los
productos importados encarecidos.

Más aún, pasamos de tener una producción nacional arruinada al sobre-endeudamiento de los hogares, que hoy luchan por sobrevivir a la crisis pandémica y pagando el doble por los alimentos y los productos importados. Esta empobrecedora situación que lleva más de
dos décadas causada por la falta de decisiones de los responsables de la política económica del país para diversificar el destino de la IED y promover sectores productivos e intensivos en capital humano cualificado. Así mismo, la ausencia de intervención en la tasa de cambio por parte del Banco de la República ha contribuido tanto a la sustitución de la producción nacional por importaciones como a la falta de control de capitales cuando hoy la IED se retira de Colombia por la crisis pandémica.

Tal una profecía visionaria y salvadora, el pasado 30 de julio Duque proclamó que “Colombia sale adelante”. Apoyándose en una de las monedas más devaluadas de la región y con unas reservas fantasmagóricas de petróleo, el gobierno tiene un remedio milagroso para reactivar la economía colombiana: inversión extranjera en infraestructura (acordémonos de Odebrecht) para supuestamente transportar no sabemos qué producción y, claro, el innovador fracking. En fin, la obsolescencia de una modernidad que nunca llegó.

Hoy, cuando los precios del petróleo experimentan caídas históricas, es un momento acertado para que la política económica colombiana incentive la IED en iniciativas de producción local y de transición energética, de modo que el país pueda producir cada vez más productos con alto valor agregado y de manera sostenible. Es una cuestión de soberanía que las autoridades económicas del país implementen controles de capital y en la tasa de cambio.

La receta del desarrollo económico en el siglo XXI por parte de los gobernantes colombianos ha sido lucrarse de la explotación minera y petrolera de los territorios y dejar a las comunidades en la pobreza, contaminadas de crudo y de mercurio. Tanto la economía colombiana como el estado de bienestar financiero de los hogares colombianos no pueden seguir a la merced de la codicia insaciable de esos vendepatrias.

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