Bogotá, septiembre 26 de 2018

La representante a la Cámara María José Pizarro denunció hoy en debate de control político, que el proyecto de Hidroituango tiene a su alrededor unas 10.074 víctimas, entre las que se incluyen 115 masacres (El Aro, La Granja, Ituango) ocurridas entre 1969 y 2018, que, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria, significó 701 víctimas, en particular en los municipios de Valdivia, Tarazá, Caucasia e Ituango.

Según la congresista unas 400 mil personas pertenecientes a los 19 municipios del área de influencia del proyecto se han visto afectadas en su integridad, sus condiciones socioeconómicas y de subsistencia; sin contar las 221.492 personas en situación de desplazamiento y las 2.221 desapariciones.

“Desde el comienzo fue un proyecto de espaldas a la comunidad, donde no se tuvo en cuenta a los pueblos indígenas y afro de la región. Sólo el 1% de la población contó con alguna información sobre lo que allí se iba a hacer. La gente que vivía de la pesca, el barequeo y la economía informal quedó totalmente invisibilizada, pese a que en la región la dependencia del río es casi total (98%)”.

Llama la atención que durante los años 1983 y 1996 el proyecto tuvo un período de suspensión, tiempo durante el cual se incrementó la presencia paramilitar en la zona y el número de víctimas aumentó. Más de la mitad del total de las víctimas corresponden a este período.

Pizarro dijo que la violencia en la región ocasionada por grupos armados ilegales llegó a tal punto que el país fue condenado en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La congresista hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se atienda la emergencia humanitaria y la grave violación de derechos humanos que viven las comunidades de la zona por cuenta del proyecto hidroenergético, ya que debido al colapso del proyecto se ha incrementado el desplazamiento de familias y comunidades enteras y el asesinato de líderes sociales y ambientales, sin contar los daños material.