Balance: 15 años de despenalización parcial del aborto en Colombia

Fotografía: Andrés Gómez

En el marco de la audiencia pública desarrollada desde la Cámara de Representantes por la congresista, María José Pizarro, sobre derechos sexuales y reproductivos en Colombia, se hizo un balance sobre la implementación de la sentencia que permitió despenalizar el aborto bajo tres causales, fueron identificadas cinco barreras que impiden el acceso a este derecho y se argumentó la necesidad de despenalizar el aborto. Además, se puso de presente los obstáculos existentes para acceder a los derechos sexuales y reproductivos y la existencia de la violencia obstétrica en el país, la necesidad de humanizar los procedimientos gineco obstétricos y se anunció la radicación el 20 de julio del proyecto de ley que busca salvaguardar la partería indígena. 

Han pasado 46 años desde que Francia legalizó el aborto, y hace menos de un año, países como Argentina, Australia, Corea del Sur y Tailandia se sumaron a la lista de los más de 60 países en los que ya es legal esta práctica. En Colombia, desde 1973 a 2016 se han presentado 15 proyectos de ley ante el Congreso de la República que tiene esta finalidad, sin embargo, todos se han archivado dado que el Congreso se ha caracterizado por ser muy conservador y los partidos mayoritarios siempre se han opuesto, impidiendo que estas iniciativas se conviertan en ley.

La Corte Constitucional ha sido quien ha liderado la discusión como garante de los derechos fundamentales de las mujeres. Hace quince años, por medio de una histórica Sentencia, se permitió que las mujeres pudieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales específicas: la primera, cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; la segunda, cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y la tercera, en caso de violación, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Actualmente la Corte está pendiente de tomar una decisión, la cual se espera sea de fondo, frente a la demanda que presento el movimiento Causa Justa con el objeto de eliminar el delito de aborto del Código Penal. 

“Si bien las tres causales fueron un avance histórico, estas siguen siendo insuficientes debido a que generan barreras de acceso a este derecho, existe criminalización del aborto, negación al acceso seguro, oportuno y digno a un servicio de salud esencial, que además perjudica en mayor medida a las mujeres en situación de vulnerabilidad” dijo María José Pizarro. 

Después de 15 años no se ha garantizado plenamente el derecho de aborto en el marco de la Sentencia, el hecho de que sea un derecho y al tiempo un delito afecta el grado de libertad de las mujeres sobre su cuerpo e impide la materialización del marco legal que actualmente lo regula. Estas son las barreras que se identificaron durante la audiencia y que argumentan la necesidad de despenalizar esta práctica en Colombia:

1.  Criminalización 

Según María Isabel Niño, abogada integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la ilegalidad del aborto sigue siendo la regla, en su intervención citó cifras que demuestran cómo la despenalización del aborto bajo el modelo de causales no ha implicado una reducción de la persecución del delito, sino por el contrario, ha registrado un aumento en la judicialización de las mujeres: “Según cifras del Instituto Guttmacher, para el año 2011 menos del 1% de los abortos en Colombia fueron legales (…) cifras de la Fiscalía General de la Nación, revelan que entre el 2006 y el 2019 se identificaron más de 5 mil procesos de mujeres criminalizadas por el delito de aborto, anualmente el promedio de casos se ubica en alrededor de 400”.

De otro lado, la Representante María José Pizarro afirmó que “las mujeres que se ven en la necesidad de recurrir a procedimientos inseguros para poner fin a un embarazo no deseado, ponen en riesgo su salud y su vida, tal como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien ha dicho que “en el mundo alrededor del 13% de todas las muertes maternas se deben a complicaciones por abortos inseguros, lo cual representa 47.000 muertes por año, 1.120 de ellas en América Latina y el Caribe y 70 en Colombia”.

El Ministerio de salud reconoce el aborto como un asunto de interés de salud pública y manifiesta la necesidad de eliminar las barreras existentes para mejorar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. “Debería haber cero mortalidades maternas producto de la complicación de un aborto en condiciones inseguras, entendiendo que es un evento prevenible desde la salud pública (…) se han expedido los lineamientos técnicos para la prevención del aborto inseguro en Colombia y para garantizar los servicios por todos los actores del sistema, afirmó Pablo Rodríguez coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, quien dijo también que “entre un 5% y un 9% de las interrupciones se hacen dentro del sistema de salud, cuando el 100% deberían garantizarse dentro del sistema de salud”. 

2. Desigualdad

Las mujeres en situación de vulnerabilidad son quienes más se ven impactadas directamente por la falta de acceso a esta práctica, debido a la inexistencia de rutas de atención las deja por fuera de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sobretodo en zonas rurales, lo que impide el ejercicio pleno de sus derechos.

Para Catalina Martínez, directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, “el acceso al aborto es inequitativo, dado que hay una importante concentración de los servicios en las principales ciudades, con lo que se reproduce y profundiza desigualdad entre las mujeres”; además indicó que son las más vulnerables quienes siguen enfrentando la criminalización, “el 97% de las mujeres denunciadas vienen de zonas rurales”. La Fiscalía ha reconocido también que cerca del 34% de las mujeres y niñas investigadas penalmente por el delito de aborto se desempeñaban como trabajadoras del hogar. 

3. Desconocimiento del marco legal 

Existe un desconocimiento profundo de la sentencia que habilitó las causales para acceder legalmente a la IVE entre la sociedad, y en la práctica, las mujeres no reciben la información para acceder a este servicio, lo genera miedo a que sean judicializadas.

“Un estudio de Profamilia en asociación con IPPF reveló que, para en el 2018 solo entre el 8% y 9% de los abortos se hicieron en el sistema de salud colombiano, esto datos pueden sustentarse con la información recopilada por la Fundación Oriéntame, la cual encontró que la mayor parte de ellas desconocía totalmente que en Colombia hay causales, es decir, pensaban que no podrían acceder a una IVE por vías legales porque el aborto no era permitido”. Citó María Mercedes Vivas, médica y máster en salud pública y directora ejecutiva de la Fundación Oriéntame.

Asimismo informó sobre la encuesta de Demografía y Salud del 2015 que “el 47 % de los hombres y 56% de mujeres, es decir la mitad de la población aún tiene algún grado de desconocimiento sobre la Sentencia”. 

4. Negación al acceso de salud seguro, oportuno y digno 

Se ha evidenciado un uso inconstitucional de la objeción de conciencia por parte de las entidades prestadores de salud, Martina Cocco, psicóloga, magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional e integrante de las Parceras, afirmó que la objeción de conciencia es una práctica común que replican estas entidades, y la cual no está permitida por la Sentencia. “Una mujer que va a solicitar un aborto se encuentra con todo tipo de barreras, desde lo administrativo, la misma persona que la puede atender, se declara objetora, se rehusan a atender a las mujeres que hacen esta solicitud”. 

En ese sentido, se cuestiona también la interpretación restrictiva del marco legal actual por parte de los operadores de salud, dado que si bien la Sentencia no prevé límites de edad gestacional para la realización de un aborto, es muy común que los operadores del sistema sí las establezcan “los límites que imponen son arbitrarios y discrecionales, se guían por posturas que son ideológicas y política; de acuerdo a lo que las personas que en ese momento están atendiendo consideran pertinente, deciden si una mujer que tiene 15 semanas de gestación puede acceder a un aborto o no y esto está en contra de la Sentencia”, afirma Martina Cocco. 

María Mercedes Vivas, asegura que “las causales como puerta de entrada se usan para la clasificación y ligan el acceso al aborto, a la interpretación de quien presta el servicio (…) ponen a los médicos en la posición de validadores de razones”. 

5. Estigmatización 

El estigma y la criminalización social sobre el aborto es una constante y se convierte en tipo de violencia que las mujeres enfrentan cotidianamente cuando deciden abortar. Martina Cocco, afirma que “este tipo de violencia puede ocurrir en múltiples niveles: en los hogares (…) por parte de los medios de comunicación que refuerzan narrativas que tergiversan la Sentencia (…) y grupos antiderechos”. 

Para muchas mujeres, a pesar de que exista la Sentencia, acceder al derecho de abortar se convierte en una vulneración de sus derechos, a la autonomía, a la libre decisión sobre su cuerpo y a llevar a cabo su proyecto de vida de acuerdo a su voluntad y su deseo. 

Para Florence Thomas, psicóloga y coordinadora del grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, es necesaria también “una despenalización social y cultural (…) una despenalización de las conciencias” con lo que coincide Aura Cuasapud, abogada integrante del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir. “Han sido una constante la lucha para superar la despenalización de la conciencias no solo en lo individual y en lo colectivo, sino en general en los social, porque esta penalización incluye señalamiento excluyentes y violentos por parte de instituciones, como la jerarquía de la iglesia católica, que como una institución, ha fomentado una ideología basada en la moral religiosa como una voluntad de Dios (…) No puede hacerse de los valores y principios cristianos una imposición institucional” argumentó. 

Parto humanizado en Colombia 

Durante la audiencia se puso de presente también la existencia y recurrencia de la violencia obstétrica en Colombia, procedimientos agresivos e invasivos en los cuerpos de las mujeres, que van desde tratos irrespetuosos y ofensivos durante el parto en centros de salud, hasta la realización de procedimientos que ponen en peligro los derechos a la vida, la salud y la integridad física tanto de la madre como del bebé que está en camino; los cuales pasan por la hiper medicalización y la sobre utilización e imposición de las tecnologías. 

Ramiro Romero, partera y médico tradicional del Pueblo Muisca y  director General de la Fundación Mujeres Bachué, manifestó que en el país hay un vacío legal y académico al respecto, “el sistema colombiano tiene más de 30 años de atraso frente a los protocolos para la atención del parto, no toma en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los resultados de este modelo tiene como una de sus consecuencias la violencia obstétrica”. 

Además indicó que la violencia obstétrica se ve más agudizada en los grupos étnicos, dado que no se entiende el enfoque diferencial y propone “No estamos en contra de la práctica médica como parteras tradicionales sino del abuso y la instrumentación de la práctica médica, la partería podría llenar este vacío legal y académico en el país. Generamos las condiciones para que las mujeres puedan tomar la decisión sobre su cuerpo, su parto y su salud”. 

Las invitadas e invitados coincidieron en la necesidad de humanizar los partos, para promover que estos procesos sean respetuosos y libres en Colombia, y para avanzar con herramientas para prevenir y sancionar la violencia obstétrica. También manifestaron la necesidad de reforzar la educación sexual y reproductiva para tomar decisiones informadas sobre los cuerpos de las mujeres a la hora de atender un parto. En ese sentido la Representante Pizarro anunció la presentación de un proyecto de ley encaminado a este propósito: “esperamos este 20 de julio radicar en compañía de las comunidades indígenas, un proyecto que salvaguarde la partería indígena también”.

En la audiencia participaron 16 representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, organizaciones y movimientos de mujeres: William Velandia, Presidente de Fecode; Diana Carolina Moreno, directora de incidencia en Profamilia; Jennyfer Paola Florez Holguín, feminista, enfermera e integrante del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia; Pablo Rodríguez coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud; Ramiro Romero, partera y médico tradicional del Pueblo Muisca, director General de la Fundación Mujeres Bachué; Liceth Quiñones, partera tradicional, directora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (ASOPARUPA); Elisa Jojoa, partera tradicional en formación, coordinadora de la Red Colombiana Parir en Paz; Carolina Moreno, abogada, doula y terapeuta holística e integrante del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y reproductiva en Colombia; Susana Bueno Lindo, médica ginecóloga y obstetra experta en el enfoque holístico de la salud de la mujer; Laura Gil, Ginecóloga, directora del grupo médico por el Derecho a Decidir; Florence Thomas, psicóloga, coordinadora del grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia; Aura Cuasapud Arteaga, abogada integrante del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir; María Mercedes Vivas, médica, directora ejecutiva de la Fundación Oriéntame; Catalina Martínez, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; María Isabel Niño, abogada integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres; Martina Cocco, psicóloga, magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional, integrante de las Parceras.