Esto responde a la crisis económica, social, sanitaria y política que se vive en Bogotá, al manejo que se le ha dado al paro, especialmente en materia de DDHH y la violencia policial; a la decisión de dar continuidad a una agenda de ciudad que no ha protegido debidamente los derechos sociales, y que ha privilegiando obras de infraestructura aún por encima de la estructura ecológica de la ciudad.

Así mismo, esta decisión está soportada en el incumplimiento de propuestas de campaña y de los pactos firmados con los diferentes sectores y actores de la sociedad civil; entre ellos: el ambiental y el cultural.

«Desde el Congreso continuaremos haciendo control al Gobierno de Bogotá, acompañando a jóvenes, ambientalistas, mujeres, al sector cultura y ciudadanía en general en sus exigencias, y sobre todo construyendo y defendiendo un modelo de ciudad digno para la gente, respetuoso de la vida y el ambiente» afirmó la Representante a la Cámara, María José Pizarro.