Bogotá, octubre 31 de 2018

La bancada alternativa de la que hacen parte distintos partidos políticos realizó una declaración conjunta donde presentan un balance sobre los puntos críticos de los primeros 1OO días del gobierno de Iván Duque, entre los que se encuentran la paz, la educación, los derechos humanos, la reforma tributaria y las garantías a la oposición.

Aquí Declaración completa

DECLARACIÓN DE LA BANCADA ALTERNATIVA

A cien días del gobierno del presidente Iván Duque, la situación en derechos, el estado de la democracia y la paz son críticos. Los derechos políticos, a la oposición, a la educación, a la salud, a la alimentación, e incluso el derecho al libre desarrollo de la personalidad están amenazados a través de distintas actuaciones del Gobierno y el Estado. En relación con los derechos políticos, la decisión de la Corte Constitucional, desconociendo la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra la protección para que cualquier ciudadano pueda ejercer sin ninguna restricción sus derechos políticos, avaló el procedimiento sancionatorio de las autoridades administrativas, y abrió un espacio de arbitrariedad y abuso, contra alcaldes y gobernadores elegidos popularmente. Decisión que, entre otros, afecta directamente los derechos políticos del actual senador Gustavo Petro quien, desde la oposición, representa a más de ocho millones de colombianos y colombianas que votaron por él en las pasadas elecciones presidenciales y no podrían hacerlo en el futuro. En el mismo sentido, a pesar de que existe un Estatuto de la Oposición, los derechos políticos de los partidos y movimientos que así se han declarado, no cuentan con las garantías suficientes y necesarias para ejercerla. Tampoco existe voluntad política del Gobierno Duque para reglamentarlo y garantizarlo.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, máximo tribunal de justicia en la guarda y protección de derechos, en sus últimas sentencias ha adoptado decisiones que van en contravía del derecho político ciudadano a la Consulta Popular. La Corte deja en un limbo jurídico a los departamentos y municipios al no definir quien tiene potestad para prohibir actividades mineras y petroleras, señalando que la Nación y los municipios deben concertar sobre el desarrollo de éstos proyectos. Es importante resaltar, que las Consultas Populares que se han venido adelantando en diferentes municipios han tenido el propósito de frenar proyectos extractivos que atentan contra el territorio, el ambiente y las comunidades. Por otro lado, en las últimas semanas el gobierno Duque ha tomado decisiones en detrimento de derechos fundamentales, como la educación que, a pesar de la profunda crisis de financiamiento por la que atraviesa y de las reivindicaciones respaldadas por movilizaciones multitudinarias de estudiantes y profesores, no cuenta con el presupuesto necesario para garantizar educación pública y de calidad a las próximas generaciones. Hoy nos presentan una reforma tributaria, disfrazada de ley de financiamiento, que generaliza el IVA a los productos de la canasta familiar lo que afecta la calidad de vida de las clases medias y bajas. Además el impuesto a la renta del trabajo aumenta, mientras se reduce la tributación de los grandes capitales, incluida una amnistía para capitales escondidos en el extranjero. El Gobierno Duque, también ha desconocido la voluntad de casi doce millones de colombianos que apoyaron masivamente la consulta anticorrupción. Pese a que se comprometió no solo a apoyarla, sino a sacar adelante y de manera conjunta con las diferentes bancadas y fuerzas políticas los proyectos que la viabilizarían, éstos se encuentran archivados o pendientes de ser debatidos en el Congreso de la República porque el Gobierno no ha querido tramitarlos con mensaje de urgencia, condenándolos al fracaso. Así mismo, persiste la intención de volver trizas el Acuerdo de Paz, mediante maniobras legislativas que pretenden cambiar el sentido de lo acordado. El recorte presupuestal a su implementación y a la reparación de víctimas, nos conduce a nuevos ciclos de violencia. En medio de la impunidad y sin garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición aparecen nuevas víctimas, sin que la paz sea la realidad que heredemos a nuestros hijos e hijas.
Este panorama de vulneración casi generalizada de derechos que caracterizan los primeros 100 días del gobierno Duque, nos instan a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que vele por los derechos políticos de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado urgente a las ciudadanías libres, a los movimientos y organizaciones sociales para que nos tomemos las calles y veredas de manera masiva, creativa y pacífica, exigiendo al actual gobierno un cambio de rumbo, que garantice nuestra participación en las decisiones que nos afectan y condiciones de vida dignas a todas y todos los colombianos.