Ocultar las violaciones de derechos humanos en Colombia: la tarea del Gobierno en el exterior

Fotografía: María Avendaño López

En la mañana del miércoles 12 de mayo, el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos y el Ministro del Interior, Daniel Palacios, asistieron a una conferencia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington (Estados Unidos) para hablar sobre la situación que vive Colombia actualmente. Sus intervenciones, que se reseñan a continuación, estuvieron enfocadas en desestimar y maquillar la situación social y de Derechos Humanos (DDHH) que está afrontando el país, y a deshacer los daños producto de la acción policial y estatal en contra de las movilizaciones ciudadanas. 

El Embajador, Francisco Santos, hizo referencia en su intervención a tres crisis: 

1. Una social, económica y sanitaria causada exclusivamente por la pandemia.

2. De la violencia en medio del paro, que está causada por la «ilegalidad», la cual quiere desestabilizar a Colombia, debilitar al Estado y la democracia.

3.  Y finalmente de comunicación. Afirma que hay una estrategia de desinformación brutal en el mundo, y la prensa internacional está replicando mensajes engañosos, a lo que confiesa a la audiencia: “perdimos la batalla narrativa». 

El Ministro del Interior, Daniel Palacios, declaró que el Gobierno colombiano ha sabido dar respuesta a la pandemia, a través de ayudas económicas y subsidios. En cuanto a la implementación de los Acuerdos de Paz, indicó que han hecho más que el Gobierno anterior, que han invertido significativamente en los «campos de concentración» de las FARC, porque según su intervención, “han necesitado más protección”. Esto sin hacer referencia a los más de 260 ex combatientes firmantes de la paz asesinados. 

Refiriéndose al Paro Nacional, el Ministro describió y justificó la acción de la institucionalidad, que se contradice con la realidad de los colombianos en medios de las manifestaciones. Incorpora un discurso humanista, diferente al que ha manejado el Gobierno al interior del país; omite información de violación de DDHH a manos de la Fuerza Pública; hace señalimientos hacia la juventud con la que hoy quieren negociar, y también hacia las ONGs, que actualmente son las que tienen el registro de los hechos violencia policial. 

A continuación apartes de las declaraciones del Ministro del Interior: 

1. Colombia tiene una democracia sólida, unas instituciones sólidas. Impera el Estado de Derecho.

2. El Gobierno no sólo respeta sino garantiza el derecho a la protesta social.

3. El Gobierno es empático con las familias de los fallecidos.

4. Hay que separar la protesta pacífica de los disturbios y las actividades delincuenciales.

5. La juventud ha tenido algunas dificultades que han provocado un cierto resentimiento social.

6. La Policía no tiene armas letales o de letalidad reducida.

7. El Gobierno tiene cero tolerancia contra el uso excesivo de la fuerza, en el marco de los DDHH y la Constitución.

8. Las Entidades de Control son completamente independientes del Ejecutivo. Son los que están investigando las denuncias, y compara: Cómo en EEUU, tenemos que respetar el debido proceso.

9. Colombia es un país de instituciones serias. Quienes son los responsables de dar las cifras son las instituciones, a pesar de lo que «puedan» comunicar las ONGs.

10. El vandalismo quemó un hotel donde dormían policías.

11. El vandalismo es sistemático y es financiado desde el extranjero.

12. Tenemos la obligación de utilizar el Ejército y la Policía para levantar los bloqueos que causan la escasez.

13. Estamos dedicados a restaurar orden y libertad en Colombia.

14. No tenemos nada que esconder sobre la lucha contra la violencia organizada que estamos llevando a cabo.

Con esta acción internacional, se evidencia cómo el Gobierno está concentrando sus esfuerzos para superar esa “derrota” en la «batalla narrativa», y tratando de contrarrestar lo que la ciudadanía ha logrado en las calles y en las redes sociales tanto en Colombia como en el mundo, denunciando la represión y las violaciones a los Derechos Humanos a manos de la institucionalidad.